Jesús Yuste Marzo

ÚLTIMO ALCALDE REPUBLICANO DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS

La II República en Villafranca, una época desconocida

Jesús Yuste era natural de Bañón (Teruel), pequeña localidad de la comarca de Jiloca situada a unos 70 kilómetros de la capital de provincia en la que nació el 15 de octubre de 1890. Desconocemos cuándo y con qué motivo se desplazó de Aragón a Extremadura pero sabemos que se estableció en Villafranca y se casó con Carmen Pertegal Cueña, con la que tuvo tres hijos, Miguel, Victoria y José, nacidos entre 1917 y 1924. Cuando se proclamó la II República en abril de 1931 llevaba ya más de veinte años en Villafranca dedicado al oficio de panadero y viviendo en la calle Ramón y Cajal, 8 (Pasero). Por su profesión y por tener una malformación en la pierna derecha era conocido por “El Cojo de los Molletes”. Sabemos por sus propias declaraciones que pertenecía a la UGT desde 1931 y al PSOE desde su constitución en la localidad. Yuste ocupó la alcaldía en dos momentos claves de la II República: desde el 3 de junio de 1931 hasta el 27 de diciembre de 1933, en que, a consecuencia del triunfo del Partido Radical en las elecciones generales celebradas poco antes, fue cesado como tantos otros alcaldes socialistas, y, tras su reposición a consecuencia de la victoria electoral del Frente Popular, desde el 26 de febrero de 1936 hasta la llegada de las columnas golpistas en los primeros días de agosto de ese mismo año. En Villafranca, en estas elecciones generales, con 6.857 votantes (los electores eran 8.920), el Frente Popular obtuvo 3.473 votos y la derecha 3.384. A nivel provincial la izquierda venció por una amplia diferencia.

Dado el estado en que el archivo municipal ha llegado hasta nosotros y la falta de trabajos de investigación sobre el período republicano en la localidad, conocemos muy poco de su gestión al frente del ayuntamiento. La correspondencia de la diputada socialista Margarita Nelken contiene un escrito del alcalde Yuste fechado en marzo de 1932 en el que plantea los graves problemas que crea la gran desproporción existente entre la población y la extensión del término, y solicita al Ministerio de Agricultura la ampliación de éste y la fusión con otros municipios cercanos. El objetivo no era otro que dar solución a la cuestión agraria, o sea, “asegurar el sostenimiento de la clase obrera y del pequeño labrador”. Cuatro años después, en marzo del 36, enviaría un nuevo escrito, en esta ocasión al Presidente de la Junta Nacional de Defensa contra el Paro Forzoso, que vale la pena reproducir:

En realidad, el panorama expuesto por el alcalde Yuste era común no sólo a numerosos pueblos de la región sino a extensas zonas de la geografía española. Como también era común la angustiosa situación económica de los ayuntamientos, tanto porque la derecha había dejado exhaustas las arcas municipales antes de dejar el poder como por las limitaciones objetivas de la economía municipal. El escrito muestra bien la situación local a sólo mes y medio de las elecciones y unos días después de la gran invasión de fincas que tuvo lugar en Badajoz el 25 de marzo ante el retraso de la definitiva puesta en marcha de la reforma agraria. Pero esa importante jornada de lucha campesina afectó poco a Villafranca, que sólo pudo asentar a 550 yunteros en tres fincas externas al término y con una extensión de 676 hectáreas. Así pues, Villafranca fue de los pueblos cuya crisis se mantuvo pese a los importantes cambios vividos en el medio rural durante esos meses. Años después el alcalde Yuste sería acusado de haber lanzado octavillas invitando a los obreros, dada la poca siega que hubo ese año, a “respigar” y también de advertir a la Guardia Civil de que “no denunciaran nada porque no habían de conseguir nada”.

El golpe militar y los días rojos

El 17 de julio se supo de la sublevación militar en África y el 18 de los graves sucesos acaecidos en Sevilla. Como en las demás localidades y siguiendo las instrucciones del Gobierno Civil en Villafranca se formó un comité de defensa presidido por el alcalde Yuste, que fue el encargado de controlar la situación en las semanas siguientes. Por orden del gobernador Granados se recogieron las armas existentes en manos de particulares y se practicaron numerosos registros y detenciones. El único misterio era la Guardia Civil. Según ésta en un primer momento se intentó controlar el cuartel provocando un incendio en las eras para que los guardias salieran, pero éstos no lo hicieron. El alcalde ordenó además a los municipales que controlaran lo que entraba y salía del cuartel y uno de aquellos días, enterado de que los guardias estaban escuchando a Queipo a través de Radio Sevilla, ordenó que quitasen la emisora, recibiendo por respuesta, según los propios guardias civiles, que la fuese a quitar él en persona.

La Guardia Civil tenía más quejas: el alcalde se adelantó a la recogida de armas impidiendo que éstas fueran a parar al cuartel y además dio cuenta, con razón, al Gobierno Civil de la dudosa actitud del comandante de puesto, hecho por el que éste fue amonestado desde la Comandancia y se le ordenó que se pusiese a las órdenes del alcalde, como era su deber. Lógicamente muy pocos izquierdistas de Villafranca podían fiarse de un Cuerpo con el pasado de la Guardia Civil y que además había sido sometido a investigación durante los meses del Frente Popular a causa de varias denuncias por palizas y malos tratos ocurridos en los días previos a las elecciones de febrero. Por todo esto, según Yuste, lo relacionado con el armamento y la defensa de la población recayó sobre el teniente de alcalde Manuel Borrego Pérez, que había alcanzado el grado de sargento en el ejército y que fue el encargado también de organizar el grupo que se acercó a Los Santos el día 5 de agosto. Quizá esa experiencia –Yuste también fue– y el hecho de contemplar en directo la potencia destructora de la columna que venía del sur, fue lo que les llevó a desistir de preparar resistencia alguna en Villafranca.

El alcalde, que ya sabía cuando fue interrogado en 1939 que Manuel Borrego Pérez había sido asesinado en Mérida el 16 de agosto del 36, mantuvo que el único responsable del incendio de la sacristía en los momentos previos a la llegada de la columna fue Borrego y un grupo de exaltados, pero que se impidió que fuera a más y tuviera trágicas consecuencias. Lo cierto es que, según documentos generados por los propios vencedores, fue Borrego Pérez el que antes de partir hacia Almendralejo garantizó a los presos que sus vidas no corrían ya peligro. En esos momentos finales Yuste ya no estaba en el pueblo y era Borrego quien actuaba como presidente del Comité. Todos sabían, y así se recoge en los informes posteriores, que Yuste no tuvo responsabilidad alguna en este hecho.

El alcalde Yuste salió del pueblo con otros muchos el mismo día 7 de agosto. Posiblemente en dirección a Hornachos. En septiembre se encontraba ya en la Extremadura republicana. Para entonces su casa, como las de los demás dirigentes de izquierdas, ya había sido saqueada y la maquinaria de la panadería incautada. Durante el viaje, dada su cojera y con el cansancio acumulado desde la salida del pueblo, le permitieron ir a lomos de un animal, pero con tan mala fortuna que a consecuencia de una caída se hizo daño y hubo de ser hospitalizado, primero en Azuaga hasta su ocupación a fines de septiembre, luego en Cabeza del Buey y finalmente en Madrid, donde permaneció hasta el 6 de noviembre, el día anterior a la gran ofensiva sobre la capital que acabó en fracaso de las columnas franquistas y en victoria de los que se quedaron o llegaron para hacerles frente. Pero el alcalde Yuste no marchó a Valencia como el Gobierno sino que se dirigió a Castuera, capital de la Extremadura republicana, y más tarde a Herrera del Duque y a Siruela, encargándose de diversos cometidos como el cobro de cédulas y la coordinación de abastos en los pueblos de la zona. El final de la guerra le cogió de viaje por Albacete. En la esperanza de poder salir del país consiguió dirigirse hacia Alicante pero antes de llegar fue detenido e ingresado en el campo de concentración de Albatera, de donde en los meses siguientes sería trasladado a Badajoz.

La justicia al revés

Las primeras diligencias de la Auditoría de Guerra de la I División datan de 7 de septiembre de 1939, fecha considerada como la de su detención oficial. La Inspección de campos de concentración de prisioneros fue la primera en lanzar, sin fundamento alguno, el bulo de que se trataba de “uno de los asesinos principales del pueblo de Villafranca”. La noticia de la detención del alcalde había corrido rápidamente en aquella inmensa prisión en que se había convertido el país. La primera que envió un escrito a las autoridades fue María Ceballos-Zúñiga de Solís, marquesa de San Fernando, residente entonces en Villafranca, quien, basándose en una supuesta declaración del capitán de Asalto Julián Sánchez Bolaños, responsabilizó en mayo de 1939 al alcalde de los asesinatos de su marido, Joaquín Dorado Rodríguez de Campomanes, y de su hermano, Pedro Ceballos-Zúñiga de Solís, desaparecidos en Madrid a manos de “la Canalla Roja” el 7 de noviembre de 1936.

Luego, en julio, fueron cuatro vecinos, el presidente de la gestora Antonio Muñoz Martín (administrador de propiedades agrícolas); uno de los gestores, Alfonso Mancera Alcaide (también administrador); Rodrigo Sánchez Arjona (propietario), y Juan José Bolaños Iglesias (impresor), todos ellos detenidos durante los días rojos, los que denunciaron ante el comandante militar que habían sido localizados “los directivos rojos siguientes”: 1) Jesús Yuste Marzo, “alcalde socialista, presidente del comité rojo, sugeto (sic) peligrosísimo y capaz de ordenar los mayores crímenes”; 2) Ángel Medel Carrera, “secretario del comité rojo y que huyó después del intento de asesinato a los presos con el dinero de las multas impuestas y el de la agencia egecutiva (sic)”; 3) Antonio Torres Marín, concejal y “presidente de la casa del pueblo, a quien también se vio la noche del tiroteo a los presos y después huyó” y 4) Fernando Rubio Pastor, “municipal, autor de casi todas las prisiones de personas de derechas, de las palizas que antes del Movimiento daban a éstas y, según rumores, posible asesino de vecinos de esta ciudad, Marqués de San Fernando y Dn (sic) Pedro Ceballos, ocurridos en Madrid”. Por ello pedían el traslado de todos ellos a Villafranca, “para ver si de sus declaraciones podía reconstruirse lo pasado en ella durante el Movimiento…”. En los días siguiente el juez Joaquín Viñeta Pons, otro de los detenidos, tomó declaración a los cuatro denunciantes, que se reafirmaron en lo dicho por más que las acusaciones se basasen en rumores (“tiroteó a los presos, sin que el declarante pueda asegurarlo”) o en meras opiniones (“sugeto (sic) peligroso para la causa Nacional”).

Una de las peores acusaciones con las que Yuste se enfrentó fue la de haber provocado con sus denuncias durante su estancia en Madrid la muerte de varias personas de Villafranca. Aunque siempre lo negó tuvo en contra el testimonio del capitán de Asalto Julián Sánchez Bolaños, hijo del secretario del Ayuntamiento Julián Sánchez Díaz. Alguien extendió el rumor de que cuando Sánchez Bolaños intentó mediar en favor de algunas personas de Villafranca Yuste le respondió que “todos los Señores de Extremadura debían desaparecer y que el asunto de que le hablaba ya había quedado terminado”. El alcalde Yuste reconoció haber visto al tal Sánchez en una ocasión pero negó haber hablado de esa cuestión, lo cual era bastante creíble dado que las personas por las que se interesó Sánchez fueron asesinadas el 7 de noviembre del 36, fecha en la que el alcalde ya no estaba en Madrid.

En este mismo sentido fueron muy negativos los testimonios de Amalia Rengifo Salamanca y Carmen Hernández-Prieta Aguilar, la primera, hermana de Félix Rengifo, asesinado en Madrid, y la segunda de Diego Hernández-Prieta, el jefe de la Falange villafranquesa asesinado en Fuente del Maestre el 10 de agosto del 36 después de huir y vagar por varios pueblos de la zona. Ésta afirmaba que el Comité, y por tanto Yuste, había dado orden de traer a su hermano aunque fuera muerto. Y la primera mantenía que su hermano fue localizado en Madrid gracias a las denuncias de Yuste y de otro miembro del Comité, Ángel Medel Carrera, y aseguraba que la actitud del alcalde se debía al convencimiento de que uno de sus hijos había sido asesinado en Villafranca por los franquistas, cosa que no había ocurrido. La investigación seudo-judicial realizada por los instructores de esa aberración jurídica llamada Causa General “descubrió” a gente de Villafranca detrás de varios asesinatos cometidos en Madrid. Siempre eran los mismos: Medel y Yuste; pruebas, ninguna. A Ángel Medel, asesinado en Mérida el 31 de julio de 1940, le costó la vida.

Sin embargo y pese a todo lo dicho, nadie se molestó en tomar declaración al capitán de Asalto Julián Sánchez Bolaños, al que todos aludían y que pasaba por Villafranca con frecuencia. Y como no existió tal declaración tampoco pudo existir un careo entre Sánchez y Yuste. Igualmente en ningún momento fue tenido en cuenta el certificado del Hospital Provincial de Madrid presentado por Jesús Yuste que probaba que ingresó en él el 24 de septiembre de 1936 y que no fue dado de alta hasta el 24 de octubre, padeciendo “contusiones en la cadera derecha y región costal lateral del mismo lado, que asentaban en un individuo con frecuentes manifestaciones reumáticas”. Testimonios igualmente a su favor pero que de poco sirvieron fueron los de Ricardo Domínguez Pachón y Ventura Cortés Gallardo, respectivamente alcalde y alto cargo de Falange de Herrera del Duque, quienes aseguraron que en todo momento Jesús Yuste frenó los impulsos violentos de los “elementos marxistas” de la localidad.

Una instrucción perversa

En noviembre de 1939 se recibió en el juzgado el informe de la Guardia Civil, firmado por el comandante de puesto José Valverde. Su declaración es interesante porque demuestra que tenía en su poder documentación de la UGT local –afirma que la fecha de alta de Yuste fue el 3 de junio de 1931– y recuerda por primera vez uno de los mayores “pecados” del alcalde: bajo su primer mandato fue retirada la estatua del Corazón de Jesús de la plaza de Maura y trasladada a la parroquia. Después de soltar la retahíla de acusaciones que lo hacían responsable de todo lo ocurrido, concluía: “Es de carácter ipócrita (sic) y siempre sonriéndose, de instintos perversos y capac (sic) de cometer los crímenes más espantosos”. Unos días después fue nuevamente el alcalde Antonio Muñoz quien recordó lo del Corazón de Jesús y animó al juez Viñeta a recoger más testimonios sobre Yuste. Uno de ellos sería el del delegado de Información e Investigación de Falange, Francisco Romero Pereira, quien repitió exactamente lo mismo que unos y otros estaban diciendo desde el primer día, hasta el punto de concluir su informe así: “Es individuo de instintos perversos y capaz de cometer los crímenes más espantosos”. Todos, sin base alguna, estaban repitiendo lo mismo una y otra vez. Lo grave era que ya habían transcurrido más de tres años desde el verano del 36, que la guerra había acabado y que en Villafranca sólo había corrido la sangre de personas de izquierdas, de centenares de personas de izquierdas. Recordemos que, según un informe de la Guardia Civil, solamente en tres meses, desde el 7 de agosto al 3 de noviembre de 1936, habían “fallecido” en la localidad 310 personas. Para hacer más llevadera la terrible realidad represiva local, ya desde 1937, se utilizaron una serie de bulos que aún perduran: que los presos de derechas no fueron asesinados “porque no dio tiempo”, que luego se descubrieron “listas negras” con los nombres de los que debían morir, que tenían preparada la gasolina, que en el cementerio ya estaba preparada una gran fosa para todos ellos… Lo cierto es que en todos los pueblos donde sólo corrió sangre de rojos circularon estas historias.

Carmen Hernández-Prieta, por entonces jefa de la Sección Femenina de Villafranca, se permitió, en su condición de hermana del que ella misma llamó “Jefe del Fascio” local, lanzar duras críticas en varios sentidos: por un lado contra la Guardia Civil, por convocar a los falangistas “para hacer frente a los revolucionarios locales con las armas que la misma Guardia Civil les facilitaría” y luego no sólo no darles armas sino expulsarlos del cuartel, y por otro contra Alfonso Mancera Alcaide, a quien acusó de cerrarles la puerta cuando le pidieron protección. Hernández-Prieta no se planteó en ningún momento que quien participa en un golpe militar corre el riesgo de acabar mal, y tampoco pareció tener en cuenta que los falangistas que al contrario que su hermano y Corredera permanecieron en el pueblo en poder de Yuste, salvaron la vida. Por el contrario, se reafirmó en que el alcalde, aunque no autor material, fue uno de los responsables del asesinato de su hermano.

Por esos días finales de 1939 prestaron también declaración ante Viñeta el notario Pedro Fernández de Soria Cabeza de Vaca y el propietario Ramón Ceballos Solís. El primero se quejaba de haber sido detenido por negarse a admitir los mozos de mulas que le imponían, lo que, según decía, también había perjudicado a Francisco Cabeza de Vaca y a Manuel Obando. Ninguna de las dos declaraciones benefició a Yuste. El propio juez Viñeta Pons realizó un informe sobre el alcalde. Sin duda lo conocía mucho mejor que los demás y había tenido múltiples roces con él en los años anteriores. Viñeta pertenecía, y esto se trasluce en su escrito, a esos sectores sociales que no podían entender ni soportar que un obrero ocupase la alcaldía y hubiera que tratar con él de igual a igual. Decía, por ejemplo, que Yuste cambió radicalmente desde que se metió en política: de obrero honrado devino en un sujeto indeseable y proclive a las alcaldadas. Para Viñeta, como para los demás, carecía de valor alguno que, pese a su supuesta “pésima conducta”, la hoja de penales del alcalde estuviera en blanco. Pero el juez llegaba a más, pues creía que, “dada su congénita sagacidad, astucia y zorrería” y amparado en la anquilosis que padecía en una pierna, no debió intervenir en todos los hechos de que se le acusaba sino que más bien comprometería a los demás saliendo él siempre indemne. Y esto lo decía precisamente quienes muchos consideraban un individuo que siempre sabía ponerse en la dirección conveniente y cuya detención, que debía a Yuste, le había dado un pedigrí del que carecía hasta ese momento.

El auto de procesamiento, de 21 de diciembre de 1939, considera a Jesús Yuste responsable del delito de rebelión militar. Un ejemplo más de la “justicia al revés” aplicada por los golpistas. La declaración indagatoria a la que se le somete ese mismo día lo describe como un individuo de 1.63 de estatura, ojos pardos, pelo bano (sic), cejas al pelo, color sano, boca regular y barba poblada; y como seña particular cojo de la pierna derecha. Se ratificó en su declaración inicial, insistió en que “durante su mando no se llevaron a cabo hechos delictivos en Villafranca” y mencionó a tres personas que podían hablar su conducta: Joaquín Viñeta Pons, Justiniano Bermejo Durán y Antonio Viñuela Machuca. Desgraciadamente los “testigos de descargo” sirvieron de poco. Viñuela, el más generoso, compañero de corporación de Yuste en junio de 1931, se limitó a decir que lo consideraba persona de conducta moral buena y que no lo creía responsables de lo ocurrido durante “el dominio marxista”. Bermejo, “si bien de modo personal desconoce hechos” que se le pudieran imputar, nada dijo en su favor y lo consideró responsable de todo lo ocurrido en el pueblo. Se quejaba de que le habían sacado dos mil pesetas pero sin embargo no recordó que le fueron devueltas más tarde por mediación del alcalde.

Viñeta remitió a la declaración anterior ya comentada y añadió dos cosas “por si pudieran serle beneficiosas”. Según Viñeta el alcalde Yuste permitió que, una vez que le detuvieron el 26 de julio, le visitara su hermana, que además intentó sacarlo de la prisión y trasladarlo al hospital municipal, cosa que el comité impidió pese a que Yuste lo aprobaba. Lo otro era más importante: cuando se produjo la expropiación del colegio de San José en 1932, en la que actuó como delegado del Gobierno el catedrático de Badajoz Ricardo Carapeto Burgos, “el entonces Alcalde Jesús Yuste se condujo con bastante benévola comprensión y observó una respetuosa actitud en la ocasión inolvidable de referencia”. Sin embargo, estos testimonios, añadidos al sumario en los primeros días de enero de 1940, fueron interpretados por el instructor como que “no le consideran ajeno a los hechos delictivos que se llevaron a cabo en la localidad”.

Condena y éxodo carcelario

El consejo de guerra, presidido por el comandante Luis Ortiz Santisteban al que acompañaban como vocales los capitanes Máximo Trigueros Calcerrada, Lázaro Moreno Bonilla y el teniente Felipe Silva López, se celebró a fines de marzo del 40. Como era habitual en estas farsas judicial-militares el fiscal pidió pena de muerte y la defensa, representada por el teniente Miguel Luengo Tejero, solicitó la pena de 12 años y un día por considerar que el delito, más que de rebelión militar, había sido de auxilio a la rebelión. Preguntado si tenía algo más que exponer, Yuste Marzo dijo que no. El 26 de marzo se conoció la sentencia, disparate final que coronaba la absurda y demencial instrucción:

Posteriormente, en junio de 1940, y sin que sepamos la causa, se incorporaron al sumario dos testimonios a favor de Jesús Yuste. Que uno fuera el del jesuita Vicente Gómez Bravo y otro del párroco Tomás Carretero mueven a pensar que aquí pudo intervenir el hermano del alcalde, Juan Bautista Yuste Marzo, fraile franciscano en Guadalupe, buscando favorecerle. Sin embargo no hemos podido confirmarlo. La carta de Gómez Bravo, con membrete del colegio, decía que

Por su parte el párroco Tomás Carretero Romo informó por escrito al día siguiente que Jesús Yuste, “alcalde de esta ciudad durante el tiempo de la actuación roja, no hizo mal a nadie ni en ningún sentido, fuera del mal general que todos los del mismo partido causaron a la Patria con sus funestas teorías; más bien contubo (sic) e impidió los intentos criminales de la casa del pueblo, y prueba de ello, es que cuando dicho individuo huyó del pueblo dieron fuego a los presos que estaban en la Iglesia, no pudiendo hacerlo antes por impedirlo el mencionado Jesús Yuste”.

El día 31 de diciembre de 1940, tras nueves meses en compañía de quienes día a día eran asesinados, le fue conmutada la pena de muerte por la inferior de 30 años de reclusión mayor, que empezó a cumplir en el Reformatorio de Adultos de Alicante. Luego, a partir de marzo de 1941, con otros muchos extremeños, pasó por la Colonia Penitenciaria de Formentera. A fines de 1943 la Junta Central de Examen de Penas revisó la causa y mantuvo la pena. Poco después fue trasladado a Alicante. El 8 de noviembre de 1945 solicitó “indulto total” acogiéndose a un decreto en ese sentido publicado el 9 de octubre, petición que le fue denegada por el fiscal jurídico militar un mes después en base al fallo de la sentencia, repetido punto por punto una vez más, incluida la supuesta declaración de Julián Sánchez Bolaños. Jesús Yuste no dejo de recurrir, obteniendo por resultado que el fiscal togado de Madrid, como si de una obra de Kafka se tratara, estuviera de acuerdo con el otro “por estimar acreditado en autos que el peticionario coadyuvó a la realización de asesinatos”. En 1946 se instruyó una propuesta de libertad condicional a su favor, que fue igualmente denegada. Esta situación se mantuvo hasta mayo de 1949, en que de Alicante pasó a Badajoz bajo control de la Junta de Libertad Vigilada de esta provincia. Diez años en las prisiones franquistas por el simple hecho de haber sido el alcalde republicano de Villafranca.

Ignoramos cómo se produjo su reintegración a la vida en el pueblo, donde vivió en el nº 17 de la calle Cisneros, y las condiciones en que pasó los últimos años de su vida. Sí sabemos que ya nunca pudo ver a su hermano Juan Bautista, fallecido un año antes en Jerez de la Frontera. Sus problemas reumáticos y la dureza de las prisiones de la dictadura no le dejaron vivir mucho tiempo. El alcalde Jesús Yuste Marzo falleció el 23 de noviembre de 1952. Su muerte la certificó un viejo conocido, el entonces juez comarcal Justiniano Bermejo Durán, uno de los que ocuparon en la dura posguerra la alcaldía de la que Jesús Yuste Marzo había sido expulsado por un salvaje un golpe militar que acabó en guerra civil. El viejo orden había vuelto a imperar y el tiempo parecía haberse detenido. La República nunca había existido.

Epílogo

La trayectoria del alcalde Jesús Yuste Marzo es similar a la de otros muchos alcaldes de la época. Veamos dos casos cercanos. El hecho de cogerle tan lejos de Badajoz el final de la guerra lo libró del destino de José González Barrero, alcalde de Zafra, localizado y asesinado en Castuera por fascistas enviados desde su pueblo. Ése hubiera sido probablemente el destino de Yuste de haber permanecido en Extremadura en 1939. Su caso recuerda más al de Antonio Godoy Delgado, el último alcalde republicano de Hornachos, otro de los extremeños que pasó por Formentera y que posteriormente rehízo su vida no en su pueblo pero sí no lejos de allí, en Reina. Ambos alcaldes han sido recordados recientemente en Zafra y Hornachos respectivamente y dan nombre a lugares públicos. Es la forma en que las sociedades democráticas, conscientes de que el primer deber de la democracia es la memoria, recuerdan a los que les precedieron y sufrieron injustamente por su condición de demócratas.

En Villafranca la figura de su último alcalde republicano pertenece aún al terreno privado. Es posible que muchos sepan quién era y qué le pasó pero da igual porque nada de ello transciende al ámbito público. Todos los que tenemos cierta edad hemos oído alguna vez que el alcalde Yuste salvo la vida gracias a su hermano Juan Bautista, fraile en Guadalupe. Es posible que así fuera o quizá sea ésta la única explicación que la gente encontró a que Yuste salvara la vida en medio de aquella carnicería. No obstante, hay que decir que ya en el tiempo en que el alcalde pasó por consejo de guerra los tribunales militares franquistas –conocedores de la masacre efectuada en los pueblos prontamente ocupados y en casos como éste de personas sin delitos de sangre– preferían mandarlos a prisión y explotarlos por el perverso sistema de “redención de penas por el trabajo” ideado por el jesuita Pérez del Pulgar. La mayoría de los alcaldes que sobrevivieron a la brutal represión del 36 y a los coletazos del 39 tuvieron un final similar: sus vidas quedaron destrozadas para siempre en todos los sentidos, de manera que, en general, su incorporación a la vida no fue sino mera y fugaz supervivencia.

Nota: la documentación básica utilizada para este trabajo procede del Archivo del Tribunal Militar Territorial nº 1. También se ha tenido en cuenta la Causa General, depositada en el Archivo Histórico Nacional y ya utilizada en mi obra La columna de la muerte (Crítica, 2003). María del Espino Núñez me pasó amablemente hace tiempo las notas tomadas de sus entrevistas con varios descendientes de Jesús Yuste, notas que he preferido no utilizar a la espera de que sea ella misma la que nos las presente. También debo agradecer, por más que resultaran infructuosas, las gestiones hechas por fray Joaquín Domínguez Serna en torno al papel jugado por el hermano del alcalde Yuste. Fernando Maestre también me ayudó en algunas gestiones. Y, sobre todo, debo mencionar a Francisco Javier González Tornero, por su amistad y por su ayuda. Sin él este trabajo no existiría.