El señor Romero era Manuel Romero Camas, un hombre de 56 años, natural de Bornos, provincia de Cádiz, pero afincado en Alcalá de Guadaíra desde 1924. Vivía en la casa número 6 de la calle Ángel, con su mujer Julia Fernández Camino, nacida en Écija en febrero de 1891, y con su único hijo Manuel, nacido en Alcalá en el mes de julio de 1927; estaba afiliado a la logia Filipinas y al Partido Republicano Democrático Federal, en representación del cual fue candidato en las elecciones generales de diputados a Cortes que se celebraron en el mes de junio de 1931 y en las que obtuvo 124 sufragios de los votantes alcalareños. En el verano de 1931 era, también, presidente del comité local de su partido.
Empleado del Ayuntamiento, uno de los primeros acuerdos adoptados, en la sesión de 20 de febrero de 1936, por los concejales de la última corporación republicana fue el de reponerlo en su puesto de oficial tercero de la secretaría, en el cual había sido suspendido, el 8 de octubre de 1934, por Luis Rodríguez Ortega, el alcalde de un Ayuntamiento designado por el gobierno de Alejandro Lerroux; y cuyos motivos explícitos para suspender de empleo y sueldo a Manuel Romero Camas fueron dos. El primero: que en la noche del 6 al 7 de ese mismo mes de octubre y en el local del Nuevo Casino, en la calle de la Mina, Romero estuvo con un grupo de personas que, junto al aparato de radio del establecimiento y mientras escuchaba “la Emisora de la Generalidad de Barcelona”, mostraba su adhesión y entusiasmo a las excitaciones de dicha emisora; y permaneció durante bastante tiempo con el grupo sin evitar su conducta, ni retirarse, “ni efectuar nada que se opusiera a las alusiones de rebeldía que fervientemente manifestaban los integrantes de dicho grupo”. El segundo motivo fue que en el duplicado del escrito donde Luis Rodríguez le comunicó la suspensión, por haberse manifestado “en estos momentos críticos con falta de respeto para las instituciones y para los poderes legítimamente constituidos”, Manuel Romero Camas puso de su puño y letra, y firmó, la siguiente nota: “Es totalmente inexacto cuanto dice este oficio”.
A su vuelta al trabajo en el Ayuntamiento, lo pusieron de encargado de la oficina de asuntos sociales, con un sueldo anual de 2.750 pesetas; pero cobró su última nómina, por un importe de 229,16 pesetas, el 30 de junio siguiente.
Veintitrés días después, reunida a las seis de la tarde la llamada Comisión gestora que el día antes había usurpado el poder municipal, dio cuenta su presidente, José María González Fernández-Palacios, “de la incomparecencia a la Oficina de Asuntos Sociales del Jefe de dicha dependencia Don Manuel Romero Camas”, y, “por tal causa”, se acordó destituirlo de su cargo con efectos desde el mismo 23 de julio de 1936.
Los que esto acordaron, en unión de su presidente, fueron Miguel Florido de los Ríos, Joaquín Bono Calderón y Antonio López Ruiz; todos los cuales habían hecho constar en el acta de la sesión, “con carácter preferente, el entusiasmo de esta Gestora por el triunfo obtenido en los pasados sucesos en bien de España. Como también que el Ayuntamiento, caso de faltar elementos económicos para subvenir a los gastos del personal en la calle, aporte la diferencia si la hubiere”.
Esta misma gente, no sólo le quitó su trabajo, sino que, reunida a las diez de la noche del último día de julio, también acordó “dejar nulo y sin efecto el acuerdo tomado por el anterior Ayuntamiento relativo a la reposición de Don Manuel Romero Camas, así como el que se refiere al reconocimiento de haberes” a su favor, “por carecer de base legal dichos acuerdos”. Y por si todo esto fuera poco, los miembros de la Comisión gestora decidieron, además, incoarle expediente “al encargado del negociado de asuntos sociales”; al igual que “al Secretario de la Corporación Sr. Moreno Soto” y “al Guardia Manuel Zapata Antúnez”. Tres personas que, por cierto, murieron asesinadas.
Porque al señor Romero, como lo llamaba el Cuni, lo mataron. Y está dicho y explicado por qué y cuándo lo mataron en una nota que hay en su expediente masónico:
“Durante el dominio rojo fue visto por las calles, animando a las turbas, por lo que fue detenido y conducido a Sevilla, habiéndosele aplicado el Bando de Guerra el 12 de septiembre de 1936”.
Muertos. Muchos muertos. Tantos que faltaban nichos donde meterlos. Por eso, la Comisión gestora del Ayuntamiento de Alcalá, en la aludida sesión de 31 de julio, aprobó el presupuesto para la construcción de 48 nichos de tercera en el cementerio municipal, y acordó “su inmediata ejecución dada la necesidad de los mismos”.
Fuentes:
Archivo Municipal de Alcalá de Guadaíra: Libros 105 a 107, 257 y 258. Legajos 622 a 630.
Archivo General de Andalucía: Copia microfilmada del expediente 626/23 del AHNS: Sección Guerra Civil: Masonería.
Leandro Álvarez Rey: Segunda parte del libro Permanencias y cambios en la baja Andalucía. Alcalá de Guadaíra en los siglos XIX y XX.
